Adecasal, Escuelas Campesinas de Salamanca, Asdecoba y ayuntamientos del Bajo Tormes denuncian el desmantelamiento de la atención primaria durante el confinamiento, en el siguiente escrito que han hecho público recientemente:
A raíz de decretarse el estado de alarma, la Junta de
Castilla y León procedió al cierre de los consultorios locales desde el día 16
de marzo y a concentrar al personal sanitario en los centros de salud
comarcales, limitando la atención a las consultas telefónicas, la firma de
recetas (en nuestro caso, la organización comunitaria ha evitado los
desplazamientos con el consiguiente riesgo para la población) y las urgencias
críticas. El motivo de la centralización era, supuestamente, concentrar los
esfuerzos en el control de la pandemia y, quizás también, minimizar el riesgo
de contagios eliminando la atención presencial.
Entendemos que en un primer momento de emergencia y
desconcierto se adoptara una medida tan restrictiva. Pero han transcurrido más
de seis semanas y todo sigue igual. Lo provisional se ha convertido en norma.
La situación, prorrogada en el tiempo, ha llevado en la práctica
a un estado de desmantelamiento de la atención primaria en las zonas rurales: la
atención que requieren los pacientes crónicos se precariza; las citas con las
distintas especialidades médicas se demoran y las esperas se alargan; la
prevención y promoción de la salud comunitaria, que sería una tarea esencial en
este momento, se descartan; el proyecto de atención a personas mayores se
resiente; los problemas de ansiedad, depresión y salud mental, derivados de un
confinamiento prolongado y restrictivo, se ignoran; los certificados médicos,
que podrían aliviar algunas situaciones críticas, no se expiden. Se extiende
una sensación de lejanía de los sanitarios que mina la confianza de la gente,
sobre todo de las personas mayores, y repercute en su salud.
En la zona de Ledesma, según los datos oficiales que son de
dominio público, apenas ha tenido incidencia el coronavirus. Y, si se detecta algún
caso, el protocolo estipula que los enfermos permanezcan aislados en su casa, y
que, solo si la situación se agrava, serían derivados al hospital en Salamanca.
Ninguna persona con síntomas de coronavirus pasaría, en principio, por el
centro de salud comarcal.
¿Qué sentido tiene que el personal sanitario permanezca
durante su jornada laboral en el centro de salud comarcal, donde tampoco
existen consultas, salvo en caso de urgencia? ¿No sería más razonable que médicos
y enfermeros se desplazaran hasta los pueblos, reactivando el servicio de
atención directa y de prevención comunitaria para cuidar la de la población? ¿Hasta
cuándo se va a alargar esta situación de anomalía y precariedad en la atención
primaria? ¿No es la atención sanitaria un servicio esencial que deba estar
prestándose con normalidad?
Con todo, lo que nos preocupa sobremanera es el futuro de la
Sanidad en las zonas rurales. En cierto modo, esta situación de excepcionalidad
nos está deparando un anticipo, que resulta revelador, de algunos de los puntos
más controvertidos del modelo de reestructuración de la atención primaria en
los territorios rurales que la Junta de CyL pretende llevar a cabo, tales como
el cierre de los consultorios locales, la atención telemática y el alejamiento
del médico y enfermero de los pueblos. Justamente lo que hemos experimentado de
manera cruda y real en este tiempo de emergencia sanitaria.
La Sanidad es un derecho social básico y en su planificación
hay que contar necesariamente con la participación de los ayuntamientos, las
organizaciones sociales y la población afectada. Como representantes de los
ciudadanos, exigimos que se reabran los cauces de participación para aportar y
hacer valer nuestras propuestas en orden a replantear el modelo de Sanidad
pública que se necesita en este tiempo de coronavirus que si algo reclama, es una
apuesta por el reforzamiento de los servicios públicos esenciales. Nos
encontrarán siempre unidos en la defensa de los derechos sociales que hoy tiene
más sentido que nunca defender.
